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Por: A. Félix León Charca
Martes, 12 de Junio del 2007

Hace más de 60 años en Inglaterra, Lord Beveridge diseñaba los primeros esbozos del sistema “Welfare” o de “bienestar social” el cual dio origen a la moderna concepción de la Seguridad Social. Su inspiración como la de muchos intelectuales europeos de la post guerra fue la aplicación práctica del principio de “solidaridad”, asumiendo la existencia de sociedades plenamente empleadas y esencialmente jóvenes, repletas de aportantes (trabajadores activos) que hicieran sostenible un régimen de contribución en el cual los ciudadanos de mayor edad (ex trabajadores censantes o jubilados) recibirían pensiones dignas producto de una dinámica cotización de los activos (menores en edad pero mayores en número) y dando lugar a la creación de un círculo rotativo con perspectivas auspiciosas.

Cuando el esquema teórico de la cotización solidaria se quebró no fue difícil detectar la razón del desbalance al hacerse evidente la existencia de sociedades repletas de “parados” es decir jóvenes desempleados en volúmenes cada vez más crecientes haciendo inviable el sostenimiento del “Welfare original” y obligando a replantear el diseño de la seguridad social.

La reacción capitalista no tardó y en los años 80 en Chile, Don José Piñera por entonces Ministro de Economía de la dictadura Pinochetista tuvo la genial idea de crear el denominado sistema de capitalización individual, vale decir, una negación a la solidaridad que significaba la vigencia de cuentas individuales de aportes que en términos privados debían brindar a sus titulares pensiones suficientes. En esta lógica sólo importa cuánto se aporta a fin de hacer viable el cálculo actuarial de la pensión.

En el cenit de la dictadura fujimorista el ministro Boloña no perdió tiempo y habiendo identificado el potencial negocio de las pensiones privadas implementó aquél concepto a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), sin que pudiera estar ausente la propia AFP de Boloña como evidente signo de la confianza capitalista y estatal en la emergente actividad.

En el negocio de las pensiones importa tanto la percepción de aportes -cotización = capitalización mínima- como la expectativa de vida los trabajadores; a ello obedece el establecimiento de edades cada vez más altas a fin de que un trabajador cesado alcance el goce de una pensión. Basta analizar la fluctuación de concepto en los últimos años. De 60 años de edad límite para la vida activa del trabajador se ha pasado a los 65 sin mayor explicación que la sola existencia de los nuevos regímenes cuando es bien sabido que la expectativa de vida de los peruanos no supera los 70 años. Tener que cotizar entre veinte y treinta y cinco años para gozar de una pensión íntegra sólo por cinco u ocho es en definitiva un gran negocio.

Desde un inicio el Estado peruano y las AFPs desarrollaron una agresiva campaña publicitaria a fin de presentar ante la Nación, la quiebra del Sistema Nacional de Pensiones (Decreto Ley 19990) y la “injusta” distribución del fondo pensionario que los sistemas solidarios brindan. El fenómeno inmediato fue la masiva y desinformada afiliación al SPP de miles de trabajadores que presas del entusiasmo -y a veces del chantaje patronal- migraron al prometedor destino que a mediados de los 90´ ofrecían las AFPs.

El tiempo ha transcurrido y no sólo el futuro soñado y las pensiones justas nunca se materializaron sino que centenares de trabajadores que ya tenían derecho a una pensión en el Sistema Nacional -o muchos de ellos que por sendas razones jurídicas nunca debieron afiliarse al mismo- fueron arbitrariamente adscritos, generándose así auténticos dramas familiares producto de las exiguas pensiones -de S/. 40.00, S/. 60.00, o S/. 80.00 nuevos soles mensuales- con las cuales simplemente se sentenciaba a la pauperización de los pensionistas y sus familias.

La política y las ofertas electorales jugaron su partido aparte pero luego de tanto esperar la expedición de la Ley 28991 LEY DE LIBRE DESAFILIACIÓN INFORMADA, PENSIONES MÍNIMA Y COMPLEMENTARIA Y RÉGIMEN ESPECIAL DE JUBILACIÓN ANTICIPADA, abre una ventana de esperanza para todos aquellos trabajadores peruanos que miraban con cabal escepticismo un eventual retorno al añorado Sistema Nacional y ello sin responder a posturas conceptuales o ideológicas sino simplemente porque la realidad -verdad incontrovertible- se impone pues ante condiciones similares de aportación –en tiempo y capital- las pensiones que otorga la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a los pensionistas del Decreto Ley 19990 han sido y siguen siendo superiores a las otorgadas por las AFPs.

El día 29 de de mayo del 2007 por disposición del Poder Ejecutivo se ha publicado el Decreto Supremo Nro. 063-2007-EF REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28991. En consonancia con la norma sustantiva el reglamento desarrolla los términos y condiciones para la denominada “libre desafiliación informada” que signifique un eventual retorno al Sistema Nacional de Pensiones (S.N.P. - D.L. 19990) en los casos de aquellos afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP – A.F.P.s.) que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos :

Supuestos de desafiliación:

• Los que hubieran pertenecido al SNP hasta el 31 de diciembre de 1995, siempre que a la fecha de solicitud de desafiliación ante la AFP cumplan con los correspondientes años de aportación entre el SNP Y el SPP, para tener derecho a pensión de jubilación en el SNP. La resolución que autorice la desafiliación bajo este supuesto, no genera pensión de jubilación automática en el SNP, para ello se requiere acreditar los requisitos que exige dicho sistema es decir, 65 años de edad cronológica y un mínimo de 20 años de aporte –jubilación ordinaria- . (Literal “a” artículo 1° del D.S. 063-2007-EF).

• Los que a la fecha de su incorporación al SPP cumplían con alguno de los requisitos siguientes:

b.1) Tener al menos 65 años de edad y 20 años de aporte al SNP.

b.2) Contar al menos con 55 años de edad y 30 años de aporte al SNP en caso de varones.

b.3) Contar al menos con 50 años de edad y 25 años de aporte al SNP en caso de mujeres.

b.4) Aquellos trabajadores que cumplían con los requisitos para tener derecho a una pensión bajo cualquiera de los regímenes especiales de jubilación en el SNP, distintos a los señalados en los incisos b.2) y b.3).

En todos los casos la contabilización de los años de aportación o años de trabajo efectivo requeridos deberá considerar el período completo exigido en años a la fecha que corresponda (Literal “b” artículo 1° del D.S. 063-2007-EF).

Procedimiento operativo de desafiliación:

A fin de desarrollar el mecanismo formal de la desafiliación, la norma prevé la aprobación del Reglamento operativo de desafiliación, instrumento que será aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs en coordinación con la ONP; no obstante, ya se ha considerado que deberá contemplar las siguientes etapas:

• Presentación de la solicitud de desafiliación y cumplimiento de requisitos.

• Calificación del derecho a la desafiliación del SPP (opinión) estableciendo los plazos para que las AFPs remitan la solicitud y documentos sustentatorios para que la SBS emita la resolución correspondiente (decisión).

• Compromisos del afiliado que incluye la presentación de una declaración jurada debidamente firmada en la que conste que han tomado conocimiento de la deuda de la diferencial de aportes, de la irreversibilidad y de la conveniencia o no de su desafiliación.

• Constancia de haber cumplido con alguno de los supuestos de desafiliación establecidos en el artículo 1° del reglamento Decreto Supremo 063-2007-EF.

• Emisión de la resolución de desafiliación SPP.

• Recursos administrativos (impugnatorios).

Refiere la norma además que las estimaciones y/o cálculos de pensión que se realicen en el SPP y el SNP, se sujetarán a las condiciones que la SBS y la ONP determinen sobre la base de pensiones anualizadas y respecto del afiliado así como sus beneficiarios o derechohabientes, respectivamente (Artículo 2° del D.S. 063-2007-EF).

Certificación de aportes:

En una práctica equivalencia de lo que significaron en su momento los bonos de reconocimiento, a fin de posibilitar la desafiliación material de los trabajadores activos que aportan al SPP – AFPs, se ha previsto la acreditación del fondo del fondo económico del afiliado, e l artículo 3° del Decreto Supremo 063-2007-EF determina los criterios a los que deberá sujetarse la denominada “certificación de cumplimiento de aportes mínimos” , a saber:

• En el caso de aportes al SPP de trabajadores dependientes se deberá considerar sólo aquellos aportes que se encuentren efectivamente retenidos y pagados. Cuando se trate de independientes se considerará aquellos aportes pagados. En adición a ello dicha certificación incluirá aquellos aportes adeudados durante su permanencia en el SPP.

• En el caso de aportes al SNP, para el registro de los años de aportación se aplicarán los mismos criterios de aportes retenidos y pagados que exige la ONP para la contabilización de las aportaciones requeridas para acreditar el derecho a las correspondientes pensiones de jubilación. ( El artículo 3° del D.S. 063-2007-EF).

Transferencia de aportes:

Una vez autorizada la desafiliación corresponderá que la respectiva AFP proceda a la transferencia de los recursos de la cuenta individual de capitalización (CIC) a la ONP con cargo a formar parte del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales FCR-DL19990 y el bono de reconocimiento de ser el caso (Artículo 4° del D.S. 063-2007-EF).

La norma referida no sólo constituye una evidencia tangible del retorno al sistema de solidaridad o fondo común de bienestar, es además el dispositivo que permitirá el reencuentro de administración previsional peruana con la esencia misma de la seguridad social en materia de pensiones.

A modo de colofón:

En reciente conferencia de prensa el Presidente Alan García Perez anunció los alcances del reglamento de la libre desafiliación informada. En efecto a partir del 01 de setiembre del 2007 y luego de la campaña de “información” que el gobierno ha diseñado con este fin, los trabajadores activos que cumplan con cualquiera de los requisitos previstos en Ley podrán iniciar sus trámites de desafiliación ante sus respectivas AFPs, para que luego de la calificación -opinión- que estas evacuen, sea la SBS quien resuelva el pedido conforme al procedimiento operativo que este mismo organismo aprobará.

El anuncio presidencial ha llenado de optimismo a clase trabajadora peruana pues se ha alcanzado a afirmar que incluso aquellos a quienes no les convenga la medida podrán desafiliarse y esto en realidad es así, no obstante, en estos casos peligra la posibilidad de alcanzar una pensión ya sea en el SPP o en el SNP; ello significa que será entera responsabilidad del afiliado la determinación de permanecer en el sistema privado o retornar al sistema nacional debiendo asumir todas las consecuencias de una u otra medida. En esto último radica el carácter informado de la desafiliación, por tanto será muy importante que los interesados en la adopción de cualquiera de las alternativas que se generan a partir de la vigencia de la norma se ilustren y asesoren adecuadamente antes de volver a lamentarse.

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